Sergio Massa espera propuestas de la oposición sobre posibles modificaciones a la reforma judicial del Gobierno aprobada en agosto en el Senado, luego de la presión que puso Alberto Fernández al pedirle a los  diputados, sin distinciones, "dignarse" a descongelar el proyecto.

Massa entendió que no fue una crítica para él sino para Cambiemos, que después de prometerle una y mil veces diálogo al presidente se negó a tratar casi todos sus proyectos, incluso ante la oportunidad de plantear modificaciones. 

En el caso de la reforma judicial, si la UCR y el PRO proponen retoques y lo devuelven con dos tercios de los votos pueden garantizar su sanción, porque en el Senado se aprobó con mayoría simple y ya no podrían insistir con esa versión. La urgencia del presidente obligaría a los senadores a ceder. 

Pero nadie llamó al presidente de la Cámara baja, donde no hay números para debatir esta ley, sobre todo porque los cuatro diputados de Córdoba Federal anticiparon que ni siquiera ayudarán con el quórum. El plan original era escuchar alternativas de los bloques chicos, pero a sus referentes no les sedujo ser aliados en una sesión caliente con manifestaciones en las calles, como anticipaba el panorama en septiembre, después de la conflictiva renovación de protocolo de sesiones. 

En ese entonces, Massa había prometido seis semanas de debates en comisiones con más de 60 expertos, pero nunca fueron convocadas y el presidente pareció perder la paciencia. El oficialismo domina las presidencias de cada una y bien podría emitir despacho para acelerar los tiempos, pero prefiere esperar una negociación que no llega. 

Alberto reclamó a Diputados que se "digne" a tratar la reforma judicial 

Alberto no tuvo mucha suerte con el tratamiento de esta reforma, que prometió en campaña y nunca fue del agrado de Cristina Kirchner, tanto que no se molestó en detener a los senadores cuando se reescribieron varios capítulos. 

Reestructuraron el organigrama judicial en todo el país con cámaras de apelaciones donde no las hay, sin importar el costo fiscal que para Cambiemos era de 6000 millones y se duplicó con los últimos retoques, segundos antes de votar. 

Tampoco quedó intacto el diseño de Comodoro Py: se eliminó la fusión de los fueros civiles y comerciales con el contencioso administrativo, un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). 

Mario Negri. 

LPO/ Juan Carlos Casas.

En Diputados, la referente del interbloque federal Graciela Camaño, clave para alcanzar una mayoría, sugirió en reuniones informales adosar esta ley a las reformas sugeridas por el Comité de expertos jurídicos creado por el presidente, como el juicio por jurados o los cambios al Consejo de la Magistratura.

Pero Cambiemos no quiere participar de la discusión y así lo ratificó este viernes su jefe, el radical Mario Negri. "Si el peronismo quiere ahorrar dinero, dada la magnitud de la crisis que afrontamos, le recomiendo que deje sin efecto la ley de reforma judicial, que tiene media sanción del Senado", propuso, como parte de su rechazo a la suspensión de las primaras. 

"Esta ley implica la creación de 1.357 cargos en el Poder Judicial y demandará más de 12.000 millones de pesos anuales. Estos recursos descomunales no se traducirán en un mejor acceso de la ciudadanía a la Justicia. Por el contrario, esta reforma judicial del Gobierno es un plan para aumentar el control político sobre el Poder Judicial a fin de lograr más impunidad", concluyó el cordobés.

El debate podría mezclarse con la reforma de la ley de Ministerio Público que debate el Senado por iniciativa de Oscar Parrilli, con la posibilidad de discutir la mayoría de dos tercios necesaria para elegirlo. El martes volverá a debatirse en la Comisión de Justicia para escuchar expositores propuestos por Cambiemos, que aceptó participar de la discusión, aun cuando conoce que la principal expectativa de la vicepresidenta es la rápida salida del procurador Eduardo Casal. 

En esa Cámara, también, los radicales exploran un acuerdo con el Gobierno para avalar el candidato a procurador que elijan y conseguir al menos un cuarto de los juzgados vacantes. Demasiadas negociaciones cruzadas, todas a medio camino. El presidente, Cristina y Massa, intentarán cerrarlas.